La Pena de Muerte en New Jersey

New Jersey  ha vuelto a implantar la pena de muerte el 6 de agosto de 1982.  Tan solo con 18 anos  se está calificado para recibir la
sentencia de pena de muerte. Las personas con enfermedades mentales y/o mentalmente disminuidas  no están excluidas,  pero la ley deberá ser modificada ya que en junio de 2002, la Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido excluir a las personas mentalmente disminuidas. El método de ejecución consiste en administrar una inyección letal. Actualmente, trece personas recluidas en la Prision del Estado de New Jersey en Trenton esperan ser ejecutadas.

La opinion pública ha retirado su apoyo a la pena de muerte. En mayo del 2002 una Encuesta de Rutgers Eagleton informó que cuando existe la opción de una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional, solamente el 36% de los habitantes de New Jersey apoyó la pena de muerte mientras que el 66% de los habitantes de New Jersey –inclus o aquellos que sostienen la pena de muerte- apoyan una moratoria y un estudio de la pena de muerte. El profesor Scott McClean del Quinnipiac College resumió una encuesta de Quinnipiac del 2002 de esta forma: “…el supuesto consenso a favor de la pena de muerte es un espejismo.”

New Jersey debe considerar el impacto de la pena de muerte en los familiares sobrevivientes de las víctimas de homicidio. Algunas se oponen a la pena de muerte y otras la apoyan. Pero todos los familiares sobrevivientes quieren justicia y la pena de muerte no provee justicia.  Por muchas razones –que incluyen una tasa de error muy alta (70%) en los juicios de pena de muerte- no se han realizado ejecuciones en New Jersey desde que se reimplantó la pena de muerte.  Las familias son doblemente victimizadas ya que no sólo deben sobrellevar su dolor sino que deben soportar largos juicios de pena de muerte y apelaciones.

Varios estudios demuestran que condenar y ejecutar a un criminal cuesta aproximadamente cuatro veces más que mantenerlo en la cárcel con cadena perpetua sinlibertad condicional. Una investigación de la Universidad del Estado de Illionis publicado en 1992 estimó que anualmente el proceso de pena de muerte les cuesta a los contribuyentes del Estado de New Jersey U$S 22,8 millones más que los costos de sentencias a cadena perpetua. Los expertos afirman que los costos de la pena de muerte son imperdonables considerando que esos millones son necesarios para la educación, la prevención del crimen, la rehabilitación por drogas y los programas de compensacion para las víctimas.

En Illionis una comisión investigadora de primer nivel realizó uno de los estudios más minuciosos conocidos hasta la fecha sobre la pena de muerte. La comisión investigadora fue seleccionada por el Gobernador Republicano George Ryan después de la liberacion de 13 presos inocentes de las celdas de condenados a muerte. La comisión tenia la misma cantidad de miembros defensores de la pena de muerte que de miembros opuestos a ella. El estudio definió 85 estándares mínimos para reducir el riesgo de ejecutar a una persona inocente. New Jersey no llega a cumplir el 75% de los mismos.

El riesgo de ejecutar a una persona inocente en New Jersey es real. A nivel nacional, más de 100  personas han sido liberadas de las celdas de condenados a muerte desde que se reimplantó la pena de muerte en 1976.  Once de ellos fueron liberados sobre la base de la evidencia del DNA. El DNA no puede y no podrá evitar condenas injustas porque la evidencia de DNA sólo se encuentra disponible en pocas causas. Sin embargo, el uso de DNA en los últimos anos ha puesto de manifiesto la falibilidad del sistema de justicia criminal. El DNA ha demostrado que muchas condenas injustas provienen, entre otras causas, de testimonios erróneos proporcionados por testigosoculares, malversación del rocesamiento, errores judiciales y del uso de informantes –“soplones”- dentro de la misma cárcel. Estos problemas existen haya o no evidencia del DNA para rectificar los errores. Estos problemas también existen en New Jersey. En los últimos 25 anos, por lo menos 16 personas inocentes de New Jersey fueron condenadas por crímenes que van desde violaciones hasta homicidio, cumpliendo condenas combinadas de 300 anos. Tres de estas personas inocentes fueron exoneradas gracias a la evidencia del DNA.

Cuando surge algún conflicto en un proceso de pena de muerte, el Estado de New Jersey contrata a un abogado privado para representar al acusado por un costo de U$S 50 por hora. Este costo es significativamente bajo comparado con el costo promedio nacional de U$S 75 por hora para procesos de pena de muerte y más bajo aún que el costo promedio de un abogado privado de New Jersey que es de U$S 15 por hora.

A pesar de que el Grupo de Pena de Muerte de la oficina del Defensor Público cuenta con un alto presupuesto, el sistema de pena de muerte en New Jersey es defectuoso. Más allá del control de cualquier sistema hay factores arbitrarios entre los que se incluyen:

• Opiniones Personales de los Fiscales. La decisión de solicitar una sentencia de pena de muerte es privativa del fiscal del distrito donde ocurrió el crimen. Algunos fiscales tienen más probabilidades que otros de solicitar una sentencia de pena de muerte.
• El poder de los miembros de la familia de la víctima: Por ejemplo, las familias de algunas víctimas tienen más influencia política que otras. Y los fiscales rara vez tienen en cuenta a los miembros de la familia que se oponen a la pena de muerte.
• El Poder de la Evidencia: El poder de la evidencia puede ser muy diferente en dos causas iguales en las que la persona es considerada culpable. La interpretación del jurado respecto de la importancia de la evidencia también es un factor real. Por ejemplo, muchos jurados le otorgan prioridad al testimonio de los testigos oculares, a pesar de la preocupación que existe en la comunidad de justicia criminal sobre la fiabilidad de los testigos oculares. Otros jurados son escépticos respecto de este tipo de evidencia.
• Geográficos: La pena de muerte se aplica en forma desigual en cada distrito de New Jersey. Los estudios de proporcionalidad de la Corte Suprema de New Jersey sostienen que la “variabilidad entre los distritos”, que está relaciolnada con la velocidad y frecuencia con que un caso progresa hasta llegar a ser un juicio de castigo capital, constituye “un problema”. (Baime Report, Agosto del 2001 y Enero del 2003)
• La Raza del Acusado / La Raza de la Víctima: Las opiniones personales y las experiencias de los fiscales, jurados y otras personas involucradas en el proceso antes y después de la decisión de solicitar una sentencia de pena de muerte son frecu enteemente factores silenciados. Sin embargo, los estudios de proporcionalidad de los anos 2001 y 2003 muestran una evidencia directa de las diferencias en la aplicación de la pena de muerte con respecto ja la raza. El estudio de proporcionalidad del 2001 declara que “la evidencia estadística indica fuertemente que los acusados que matan víctimas de raza blanca tienen más probabilidades de avanzar hacia la fase de castigo en un juicio, que los acusados que matan víctimas de raza Afro-Americana…” Ambos estudios sostienen que la causa de esta estadística inquietante se encuentra en el problema de la variabilidad entre distritos, pero a su vez dejan abierta la cuestión de cómo la disparidad racial impacta en la credibilidad del sistema de pena de muerte en New Jersey. En un estado donde las pautas habitacionales reflejan los factores de clase social y de raza y donde la discriminación racial (“racial profiling”) es altamente reconocida como un problema esencial, hasta la percepción de rejuicios raciales resulta un tema polémico.
• Competencia del abogado que representa al acusado. Los abogados –privados o públicos- no son todos iguales en cuanto a su habilidad, su capacidad de evaluación o dedicación. Aunque el sistema de New Jersey puede ser superior al de otros estados, cualquier abogado dentro del sistema puede cometer errores al juzgar o puede no investigar la totalidad de la causa y uno de esos errores puede resultar en la condena o aún la muerte de una persona inocente.
  

El Tiempo es Esencial: New Jersey no ha ejecutado a nadie desde que se volvió a implantar la pena de muerte en 1982, pero es crucial que los ciudadanos y legisladores de New Jersey reconozcan que cuatro de los trece presos condenados a muerte han agotado sus apelaciones al Estado. Se estima que la primera ejecución tendrá lugar dentro de 6 meses. Contacte al Gobernador ahora y dígale que apoya el proyecto de ley S-1212, que reemplaza la pena de muerte por la cadena perpetua sin libertad condicional:

Gobernador Richard Codey: 609 292-6000.

Revisado en Febrero del 2004